Santo Domingo.- La Procuraduría General de la
República embargó numerosos bienes inmuebles propiedad de la sociedad
Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que el senador Félix Bautista es accionista, y
en la que también participan terceros adquirientes.
Las oposiciones inscritas a solicitud
del procurador Francisco Domínguez Brito, alcanzan apartamentos, villas en Casa
de Campo, casas, solares y fábricas de asfalto, como parte de una investigación
que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA) en contra del legislador.
Las acciones reales fueron trabadas en
el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís,
Santiago y Nagua. Entre los bienes se encuentran 40 edificios de ocho apartamentos
cada uno, una torre de 16 niveles y otra de 14.
En total, la lista sobrepasa los 100
bienes inmuebles en distintas partes del país. Con el propósito de recuperar
las propiedades, Bautista, senador por San Juan y secretario de Organización
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), interpuso por ante la Suprema
Corte de Justicia (SJC) una solicitud de levantamiento de oposiciones.
En un escrito depositado por su
abogado, Juan Antonio Delgado, pide a la SCJ librar acta de que el impetrante apodera
a la presidencia del tribunal, a los fines de que designe, al amparo de las
disposiciones establecidas en el artículo 379 del Código Procesal Penal, un
juez de la Instrucción Especial.
El propósito es que conozca, como juez
de control o de resolución de peticiones, sobre la solicitud de levantamiento
de oposiciones trabadas -a su parecer- “de manera ilegal o inconstitucional
contra numerosos inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L;
en la cual el senador Félix Bautista es accionista, así como de terceros
adquirientes”.
Mediante auto No.71-2014, el presidente
de la SCJ, Mariano Germán Mejía, designó a Frank Soto Sánchez, como juez de la
Instrucción Especial para conocer de la petición.
En marzo de este año, el también
secretario de Organización del PLD intimó mediante acto de alguacil al
Procurador, con el propósito de que le comunique el contenido de las pruebas
que conforman el expediente sobre el cual es llevada una investigación de
acción penal pública en su contra.
El legislador y su abogado,
manifestaron su sorpresa por la citación de que fue objeto para ser
interrogado, argumentando que son los mismos hechos relacionados con una
investigación que hizo el Ministerio Público, y que culminó con el auto 03093,
emitido por el director de la entonces DPCA, Hotoniel Bonilla, el 13 de agosto
del 2012.
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